UPyD se suma a la manifestación del día 27 de marzo en Elche contra la derogación del trasvase Tajo-Segura.
La propuesta de nuevo Estatuto de Castilla La Mancha propone la derogación del trasvase Tajo Segura (o, ¿hasta cuándo la sinrazón autonomista?).
Esta propuesta planteada por el Partido Socialista manchego, y secundada en primera instancia por el grupo popular de Castilla La Mancha, es claramente inconstitucional, y de nuevo sobrepasa las competencias autonómicas, por dejadez de las funciones que corresponden al Estado en materia de aguas. La derogación del trasvase Tajo Seura excede el criterio legal de cuenca hidrográfica, e instauraría la capacidad de veto de Castilla La Mancha en cualquier trasvase que se pretenda efectuar, desvirtuando toda capacidad del Estado para la regulación de las cuencas hídricas.
UPyD ha defendido desde su fundación la idea de que el Estado debe recuperar un papel de coordinación que iguale a todos los ciudadanos, independientemente de dónde vivan. El caso del agua es básico, y constituye un patrimonio de todos los españoles, no sólo de los habitantes de las zonas por las que pasan los ríos. Estos planteamientos autonomistas, nos llevan a absurdos enfrentamientos entre comunidades, promovidos por nacionalistas, socialistas y populares, que mantienen discursos contradictorios en diferentes territorios, y distintos criterios, normas, y protocolos en cada una de las diecisiete comunidades autónomas.
Rosa Díez, fue la única diputada que votó en el Congreso en contra de la admisión a trámite del nuevo Estatuto, y por la que ha presentado enmiendas de supresión de todos los artículos o párrafos relativos al agua, entre ellas la Disposición Adicional Primera que establece 2015 como fecha de caducidad para el Trasvase Tajo – Segura. Y esta posición es la que UPyD mantiene en Murcia, Valencia, Castilla La Mancha o Aragón, no teniendo que articular diferentes discursos, que continúen socavando el papel del Estado.
Entre los efectos que tendría la derogación del trasvase Tajo Segura, se pueden citar sólo a título indicativo: la responsabilidad patrimonial del Estado (valorada en más de 3.500 millones de euros sólo en el sector agrario); el abastecimiento de aguas que aporta a 34 municipios, que incluyen las tres mayores ciudades de la provincia en cuanto a número de habitantes (Alicante, Elche y Torrevieja); la pérdida de capacidad turística al afectar a miles de plazas hoteleras y de viviendas de uso vacacional, y servicios turísticos; los cerca de un cuarto de millón de puestos de trabajo; la conservación de espacios naturales – como el caso del Hondo de Elche-; o el aumento de la erosión en las tierras agrícolas que potencialmente serían abandonadas.
La postura de UPyD ha sido reconocida por las instituciones murcianas directamente implicadas en el asunto, ya que el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura ha concedido a Rosa Díez su Insignia de Oro por su postura en el Congreso de los Diputados contraria a la admisión a trámite de la Reforma del Estatuto manchego.
Por todo ello, Unión Progreso y Democracia se suma a la manifestación convocada por los regantes, que se celebrará en Elche el 27 de marzo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario